El Gobierno de Río Negro informó nuevas sanciones disciplinarias dentro de la administración pública provincial. En lo que va del año se dictaron 2 cesantías, 11 suspensiones sin goce de haberes y 2 apercibimientos tras investigaciones administrativas vinculadas a faltas graves, abandono de servicio y otros incumplimientos laborales.

Las medidas fueron resueltas luego del análisis de distintos expedientes por parte de la Junta de Disciplina de Río Negro, organismo encargado de evaluar el desempeño de los agentes estatales y determinar las sanciones correspondientes según cada caso.

Desde el Ejecutivo provincial señalaron que, desde enero de 2024, la Junta analizó más de mil expedientes administrativos, lo que permitió avanzar en procesos que permanecían demorados. Según datos oficiales, el número de resoluciones disciplinarias prácticamente se duplicó en comparación con los promedios registrados en años anteriores.

En ese período se registraron 94 cesantías, 6 exoneraciones, 448 suspensiones sin goce de haberes y 24 apercibimientos, además de 77 absoluciones dentro de los sumarios evaluados. Las sanciones se aplican tras la investigación de distintos tipos de incumplimientos en el ámbito del empleo público.

La secretaria de la Función Pública, Tania Lastra, sostuvo que la política del gobierno provincial apunta a fortalecer el control interno del Estado. Según explicó, el objetivo es consolidar una administración pública más eficiente, con reglas claras y procedimientos transparentes frente a faltas graves o abandono de tareas.

La Junta de Disciplina de Río Negro está integrada por representantes del Poder Ejecutivo y vocales gremiales de ATE y UPCN, quienes analizan cada expediente antes de emitir una resolución.

La normativa provincial establece una escala de sanciones que puede ir desde apercibimientos y suspensiones hasta cesantías o exoneraciones. Mientras que la cesantía implica la desvinculación del agente con posibilidad de reingreso después de cinco años, la exoneración supone la expulsión definitiva del empleo público cuando existe una condena penal firme.